Así como existen organizaciones que se dedican a la trata de personas para ser explotadas sexualmente o al trabajo esclavo, hay una banda que recluta niños delincuentes en Chile, los transporta a la Argentina por pasos ilegales y en nuestro país los hace cometer entraderas.
Esta organización transnacional dedicada al tráfico de niños para usarlos para robar todavía no comenzó a ser investigada por la Justicia Federal argentina. La banda formada por delincuentes chilenos quedó al descubierto en los últimos días y varios de sus integrantes enfrentan causas penales por un centenar de robos y entraderas cometidas en varias ciudades bonaerenses, en un abanico que va desde La Plata hasta Zárate.
“Hay una organización que capta a los niños en situación de vulnerabilidad en Chile, otra célula que se encarga de llevarlos de forma ilegal a la Argentina y otra rama que los obliga a robar”, expresó el fiscal Patricio Rosas, que en su función en el Ministerio Público del país trasandino, investigó a varios de los menores detenidos en los procedimientos realizados por la Policía Federal en La Reja, partido de Moreno.
Según el representante del Ministerio Público a cargo de la fiscalía de Flagrancia de la Región Oeste de Santiago, la organización criminal cruza a los menores a la Argentina a través de pasos no habilitados.
Los ladrones apresados, en los últimos días, por los efectivos del Departamento Investigaciones Especiales de la Policía Federal tienen 14, 15, 16 y 20 años. Uno de los menores tiene diez pedidos de captura, solicitados por el fiscal Rosas, que los acusó de una serie de robos ocurridos en las ciudades de Rancagua y Santiago.
El chico de 14 años tiene cuatro requerimientos de detención y el adolescente de 15 años, un pedido de captura. En tanto que los mayores que fueron apresados juntos a los menores eran buscados por la Justicia chilena debido a que aparecen acusados en el expediente 95.2023, que se instruye en el juzgado de Garantías de Colina; en el sumario 61, del juzgado de Garantías de Talgante; en la causa 261 del juzgado de Garantías N° 5, de Santiago.
También tienen pedidos de detención dictados por los juzgados de garantías de Santiago y Rancagua por delitos cometidos en 2015, 2017, 2019, 2022 y 2023.
Mientras que la mayoría de los menores tienen solicitudes de detención por hechos que concretaron entre 2023 y 2022. Los pedidos de captura contra los adolescentes se dictaron porque en Chile la edad de punibilidad de los menores en conflicto con la ley penal es de 14 años.
Esta diferencia de dos años con la legislación argentina, donde la edad de punibilidad de los menores es de 16 años, provocó que las organizaciones criminales chilenas decidieran reclutar a los adolescentes, considerados punibles para ley del país trasandino, y traerlos a la Argentina para usarlos como pistoleros o gatilleros de las bandas que cometen entraderas.
“Es necesario investigar a toda la organización. Los procesos judiciales no pueden terminar con las detenciones de los menores que cometieron los robos y los mayores que los dirigen. Hay que buscar a los jefes de la organización y no quedarse en los estamentos más bajos de la banda”, expresó el fiscal trasandino.
Los cinco sospechosos detenidos en las últimas horas siguen presos. Los dos mayores tienen 20 años y quedaron a disposición de la fiscalía de Ezeiza, a cargo de Carlos Hassan que los acusó de robo agravado por efracción, por haber sido cometido en poblado y en banda, por el uso de armas de fuego y por la intervención de menores.
Mientras que a los adolescentes de 14 y 15 se les dictó una medida de seguridad y fueron derivados a un instituto de menores. Dicha medida -además de la prisión preventiva para el acusado de 16 años- fue dispuesta por un juzgado de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora que aceptó el pedido de la fiscalía
A partir del dictado de las medidas de seguridad para los menores no punibles para la ley argentina y prisión preventiva para el adolescente, de 16 años, la Justicia comunicó la decisión a las autoridades chilenas con el objetivo de que comuniquen si siguen interesados en sus detenciones.
“Se trata de una novedosa estructura criminal con distribución de funciones y en la cual, claramente, más allá de los robos que cometen en la Argentina, la organización recurre a menores porque son fusibles en un mercado criminal de nicho, que deberá ser investigado”, agregó el fiscal Rosas, desde Chile.
Los cinco sospechosos apresados en la Argentina, fueron acusados de una entradera ocurrida el 23 de marzo pasado en la casa de los padres de un abogado, de 26 años, en un barrio residencial de Canning, en el partido de Ezeiza.
Los asaltantes lo amenazaron con armas blancas y uno de ellos se levantó la remera y mostró una pistola en la cintura. El abogado asaltado agregó que los delincuentes se llevaron dos notebooks, tres celulares y su automóvil, un Ford Ka modelo 2021.
Este vehículo fue clave para identificar a los asaltantes. A pesar de que tenía pedido de secuestro porque había sido robado los integrantes de la banda usaron el vehículo y pasaron por el Anillo Digital de la Policía de la Ciudad. Así quedó al descubierto la zona por la que circulaban los asaltantes. Luego, los investigadores de la Policía Federal siguieron el rastro de los celulares que se activaron en la zona de Canning el 23 de marzo, a las 6, en el momento del asalto.
A partir del seguimiento de los celulares y la geolocalización de los dispositivos, los efectivos de la Policía Federal siguieron a los sospechosos hasta La Reja, donde los detuvieron, luego de una persecución que comenzó cuando los malvivientes huían de una casa que intentaron asaltar.
Según fuentes de la investigación, después de la asaltar la vivienda, los delincuentes intentaban llegar a una casa, situada en la misma localidad del partido de Moreno, que usaban como depósito para guardar todos los objetos de valor que robaban.
Durante la investigación encarada por los efectivos de la Policía Federal se determinó que la banda operaba en forma de células, cuyos miembros se alojaban en un edificio de Palestina al 1100, en el límite entre Villa Crespo y Palermo y en otro inmueble, en Constitución.
Desde esos edificios partían cada día para cometer asaltos en el conurbano, con el conocimiento cabal del obstáculo que representa el cambio de jurisdicción para poder identificarlos.
Un oficial de una comisaría del Gran Buenos Aires, recordó que había escuchado que, en Parque Leloir, en una casa situada en La Carreta 1249, delincuentes con las mismas características que los detenidos habían asaltado a una familia. Usaron un Peugeot gris y robaron el automóvil de las víctimas.
Al cruzar la información de los robos ocurridos en los últimos dos años, los investigadores determinaron que la banda habría cometidos un centenar de robos en Moreno, Mercedes, Chascomús, Zárate, Olivos, San Miguel, La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes.
En Chascomús, la banda asaltó a un matrimonio de jubilados y los golpeó hasta que dijeran en qué lugar guardaban el dinero. Aunque, las víctimas dijeron que no vieron armas, afirmaron que los asaltantes les pegaron con un destornillador, que para la ley argentina es considerada como un “arma impropia”.
Esta célula de la banda fue apresada luego de una persecución que terminó en Berazategui. Los tres mayores siguen detenidos con prisión preventiva. Mientras que el menor huyó el 15 de enero pasado del Instituto Almafuerte, en La Plata. Luego de saltar el alambrado perimetral, abordó un BMW blanco.
Dicho vehículo sería el mismo con el que se movilizaba el ciudadano chileno que se presentó como abogado en una comisaría para preguntar por los adolescentes detenidos en La Reja.
Vestido con un traje de alta gama, mostró su credencial de un colegio de abogados bonaerense y debido a que no lo autorizaron a entrevistarse con ninguno de los menores, abandonó la seccional, sin dejar su tarjeta.
Fue en esa comisaría en la que un oficial comenzó a relacionar a los menores chilenos con otros episodios en los que las víctimas indicaron que habían sido asaltados por chicos que hablaban con tonada chilena. Así se determinó que la banda estaba integrada por 25 menores, llegados de Chile. Ninguno tenía domicilio en la Argentina y no explicaron cómo llegaron a nuestro país, aunque todos coincidieron en que tenían una misma “madre del corazón”. Esta mujer no fue detenida.
“Estamos en plena coordinación internacional para poder identificar a los jefes de la organización. El perfilamiento de los menores debe ser tratado de una manera muy cuidadosa. Cometieron delitos y fueron infractores, pero también pertenecen a un sector de la sociedad que los hace vulnerables. La investigación no estaría completa si los esfuerzos fueran dirigidos solamente a la última línea. Los menores son descartables para los jefes de la organización, que se aprovechan que están prófugos porque sobre sus espaldas pesan pedidos de captura por robos, les ofrecen huir del país, los hacen cruzar la frontera y cuando llegan a la Argentina, los obligan a volver a cometer delitos”, expresó el representante del Ministerio Público de Chile.
Los cinco sospechosos apresados en La Reja, los detenidos por los robos en Chascomús y los integrantes de la banda de “Macaco”, acusada del homicidio del profesor de Educación Física, Nelson Peralta, al que mataron cuando entraron a robar en su casa, en Guernica, aplican el mismo método para concretar los ataques: alquilan departamentos en la ciudad de Buenos Aires y asaltan en el conurbano.
Durante esos asaltos la organización criminal obtuvo millonarios botines por el dinero en efectivo que robaron, por automóviles que sustrajeron y las joyas y artículos electrónicos que se llevaron.
“Hay que apuntar a identificar a los cabecillas de la organización criminal quienes, en definitiva, son los que obtienen un beneficio económico de los robos que cometen los menores”, concluyó el fiscal Rosas.