La decisión del presidente Javier Milei de prorrogar para 2025 el Presupuesto de la Administración Pública de 2023 se viene preparando hace varios meses, entre la falta de acuerdo con gobernadores y el Congreso para sancionar una nueva ley y la idea que ya anidaba en la propia Casa Rosada de quedarse libre de restricciones para profundizar el «plan motosierra» y distribuir fondos discrecionalmente.
La prórroga está habilitada por la Ley de Administración Financiera, la cual establece que «al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto General, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior» y el Ejecutivo podrá reconducir partidas. Sin embargo, es la primera vez que esta situación se da dos años seguidos.
Tras la publicación del decreto 1131/2024 que prorrogó una vez más el cálculo de gastos e ingresos hubo numerosas críticas de la oposición contra la «discrecionalidad» que tendrá el Gobierno para manejar recursos, nada menos que en un año electoral, y también advertencias de entidades especializadas sobre un «retroceso en la institucionalidad». En la Casa Rosada ya lo esperaban.
Por el momento, el entorno de Milei descarta casi por completo tener ley de presupuesto, según supo iProfesional de fuentes oficiales. «No vamos a insistir», aseguraron en una oficina importante de Casa Rosada ante una consulta sobre si el proyecto sería incluido en un eventual llamado a sesiones extraordinarias para febrero.
En otros despachos libertarios, en cambio, dejan trascender que podría tratarse en ese mes, aunque advierten que «dependerá de los gobernadores» y de que accedan junto con los legisladores a aprobar el Presupuesto que envió Milei, sin modificaciones. Ahí es donde radica una parte central del plan del Gobierno.
El argumento del decreto 1131/2024 que firmó Milei -en el que ya instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que adecúe las partidas de acuerdo a las necesidades administrativas de 2025- fue que no tuvo acuerdo en la Cámara de Diputados para aprobar la nueva ley. Esto efectivamente fue así, pero en esa falta de consenso influyeron las maniobras del mismo oficialismo.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el libertario José Luis Espert estuvo inactiva durante más de un mes y, mientras tanto, el Gobierno usó la promesa de tratar el proyecto para negociar con gobernadores (necesitados de garantías sobre los recursos que la Nación destinará a las provincias en 2025) y evitar derrotas políticas en el Congreso, pero nunca la cumplió.
Mientras tanto, el propio Francos adelantaba que el Gobierno no tenía «una urgencia en que el Presupuesto sea aprobado» y en otros despachos importantes de Balcarce 50 repetían ante cada consulta sobre el tema: «Si pudimos gobernar un año sin presupuesto, podemos hacerlo dos años». Los bloques de la oposición siempre advirtieron que en realidad Milei prefería no tener Ley de Presupuesto y los alfiles libertarios nunca se esforzaron mucho por desmentirlo.
Y es que sin una nueva ley y con la prórroga de un presupuesto ya muy desactualizado, el Gobierno se asegura, ante todo, un margen casi ilimitado para manejar recursos. Ante todo, el ajuste en el sector público, que según adelantó Milei se «profundizará» en 2025, es más fácil de aplicar porque depende simplemente de la actualización discrecional de cada partida. De hecho, fue esa práctica la que generó el conflicto con las universidades nacionales este año.
En noviembre el Gobierno prometió a los gobernadores y a los bloques de Diputados que reactivaría el debate sobre el Presupuesto. A cambio, logró que la oposición desistiera de su intento por derogar el DNU que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar deuda externa sin pasar por el Congreso ni contemplar las condiciones legales de mejorar intereses o plazos.
Sin embargo, no cumplió ese compromiso y se quedó igualmente con una herramienta importante para administrar la deuda externa durante 2025 sin necesitar de una ley de Presupuesto. A su vez, sin las restricciones presupuestarias, también puede distribuir a discreción los fondos nacionales para las provincias.
El plan que preparó el Gobierno, detrás de la prórroga del Presupuesto
Durante 2024, esa discrecionalidad le permitió a Milei beneficiar más a algunos gobernadores que a otros con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En efecto, estos recursos se recortaron durante el año, pero los que más recibieron por este concepto fueron Misiones, Tucumán, Entre Ríos y Chubut, todas gestionadas por gobernadores que dieron apoyo al oficialismo en el Congreso. La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires estuvieron entre las más perjudicadas.
Tener las «manos desatadas» y ninguna restricción presupuestaria para avanzar con el «plan motosierra», renegociar deuda y sobre todo negociar fondos con cada provincia es el corazón del plan del gobierno de Milei detrás de las idas y vueltas que dio con el Presupuesto 2025 y que derivaron en la prórroga.
No obstante, la otra pata de ese plan es lograr que el Congreso apruebe el proyecto tal y como fue enviado, si es que se trata. «Hace rato que se cortó el diálogo y no hay negociación sobre el tema, se plantaron», señaló a iProfesional una fuente allegada a uno de los gobernadores dialoguistas.
Los gobernadores reclamaban la devolución del 1,9% de los fondos coparticipables que les retenía la ya renombrada y reestructurada AFIP, entre otros ítems. La UCR y Encuentro Federal, más fondos para universidades y jubilaciones. Con el argumento de mantener intocable la pauta de déficit cero, el Gobierno se negó a realizar cualquier modificación al Presupuesto 2025.
Más allá de las cuestiones financieras, lo que hay de fondo es una pulseada muy relevante para el gobierno de Milei: quién define la política económica, el Ejecutivo o el Congreso, donde la oposición tiene más votos que el oficialismo. Con la prórroga, el Presidente confirmó que no cederá en esa puja y, hasta ahora, viene ganando la pulseada.
¿Cómo reaccionaron en el Congreso ante la decisión de Javier Milei?
Sin embargo, en el Congreso no se avizora que esa táctica pueda llevar a la oposición a votar el proyecto que el Gobierno envió en septiembre. Luego del decreto de prórroga, en todos los bloques de Diputados hubo críticas a Milei y sostuvieron que todo el tiempo persiguió el objetivo de tener discrecionalidad para administrar los recursos públicos.
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó: «Lo venimos diciendo: Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas (…) Hoy no hay situación excepcional que imposibilite al Gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso».
«Le tomaron el gustito a gastar la tuya sin control», chicaneó a su turno la diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer y agregó: «Alertamos que Milei hacía caer sesiones y trababa acuerdos para que no se aprobara el Presupuesto y poder gastar en lo que él quisiera, como un pequeño monarca. Lo que dijimos, sucedió. Hoy, por primera vez en democracia».
Por su parte, el diputado de la UCR Fabio Quetglas alertó que «no tratar el Presupuesto 2025 es una maniobra peligrosa«, y abundó: «En ningún escenario económico futuro, la discreción es mejor que la institucionalidad. ¿Cómo controlamos los gastos? ¿Cuáles son las prioridades reales del Gobierno de Milei?».
Las advertencias por la falta de Presupuesto
En tanto, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), entidad dedicada al seguimiento de la ejecución presupuestaria por parte del Estado Nacional, remarcó que la prórroga por segundo año «constituye una novedad» y alertó que esta situación «constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios».
La ASAP indicó que «este retroceso no se limita a una cuestión de formas», ya que el Presupuesto, además de autorizar gastos y calcular recursos, «también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública, incluye el plan de obras en infraestructura» y «contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones», entre otras cuestiones.
«En nuestro carácter de institución referencial en materia de presupuesto y de administración financiera pública, con casi 50 años de trayectoria, esta Asociación invoca a los actores institucionales competentes a alcanzar los acuerdos necesarios para que en el menor plazo posible se pueda aprobar la Ley de Presupuesto», concluyó la entidad.
No obstante, al día de hoy eso parece difícil. Javier Milei ya prorrogó para 2025 el Presupuesto de la Administración Pública de 2023 y el mensaje que envía al Congreso y a los gobernadores es que solo habrá ley si se sanciona la que propuso el Gobierno, sin cambios. Al mandatario la situación no lo incomoda, porque su visión del «plan motosierra» y del equilibrio fiscal seguirán intocables.