El Gobierno nacional ha implementado una medida que ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social: el otorgamiento de un plus salarial a los funcionarios que logren reducir la dotación de personal en sus respectivas áreas. Esta decisión, conocida como el «bono a la motosierra», fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 7/2025 y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La medida establece que las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores recibirán unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de personal. Según el Gobierno, esta política busca incentivar la eficiencia y la optimización de recursos dentro del Estado, en línea con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
El cálculo del bono se basa en una fórmula que incluye el valor de cada unidad retributiva (UR), la cantidad de UR adicionales asignadas a cada jurisdicción, la disminución de la planta de empleados entre 2023 y 2024, y un porcentaje del salario promedio del empleado público según el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo, donde la dotación de empleados se redujo de 3600 a 2900, el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales, equivalentes a aproximadamente $52 millones para repartir entre las autoridades superiores.
Desde el Gobierno, se defiende la medida como parte de una estrategia de racionalización del gasto público. «Reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos que nos trazamos y en eso estamos», señaló una fuente de Casa Rosada.
Sin embargo, esta decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios estatales, especialmente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que calificó la medida como «escandalosa» y convocó a una movilización para este jueves.
Incentivo
El sindicato ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno está incentivando los despidos masivos en la administración pública y que el supuesto ahorro generado por estas bajas irá a parar al bolsillo de los funcionarios.
«Es un Gobierno de mercenarios que paga a algunos funcionarios por despedir empleados», declaró Aguiar. Además, el gremio exige la renovación automática de más de 50.000 contratos que vencen a fin de mes y la reapertura de paritarias, dado que los salarios han quedado por debajo de la inflación.
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