La batalla judicial que ocurre en Lácteos Vidal tras los bloqueos promovidos por el gremio ATILRA entre julio y septiembre de 2022 parece no tener fin. A pocos días de que la empresa debiera afrontar una pena de $47 millones en concepto de multas y sufrir un embargo, ahora la Justicia hizo lugar a un pedido de los abogados de la láctea y decidió imputar a 8 dirigentes sindicales a los que se acusa de promover el hostigamiento y los bloqueos contra Lácteos Vidal. La medida fue establecida por la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Luis Arnaudo.
Los dirigentes están acusados de los presuntos delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga contra la pyme. La acción judicial parte de una denuncia presentada por los abogados de Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.
Desde la firma en cuestión se indicó que la figura que se aplica a los sindicalistas no se había usado hasta ahora en los tribunales porteños. Y las fuentes anticiparon que también se activaría una denuncia por presunta asociación ilícita cometida, también, por los acusados.
Representantes de ATILRA, entre los imputados
Con relación a los imputados, la mayoría ligados a la seccional Trenque Lauquen del gremio ATILRA, se trata de Heber Ríos, Sergio Longo, Gastón Moreno, Franco Yedro, Cristian Martín, Diego Alarcón, Rafael Ale y Ariel Sánchez.
Lácteos Vidal también iniciaría una demanda contra el sindicato por daños y perjuicios con la intención de hacerse con un resarcimiento económico por las afectaciones derivadas de las acciones de ATILRA. Se estima que el monto que solicitaría la pyme rondará los 500 millones de pesos.
Relacionado con esto, la empresa afirmó que los bloqueos llevados adelante por el gremio «alteraron el normal funcionamiento de la empresa, ocasionando un perjuicio económico concreto al impedir el ingreso y egreso de mercadería en la planta de Moctezuma, así como la venta y distribución de productos en la sede de CABA».
Asimismo, Lácteos Vidal sostiene que el hostigamiento y los bloqueos respondieron a «una estrategia coordinada por parte de los imputados«, lo cual configuraría una conducta única tipificada en el artículo 174 del Código Penal: obstrucción al funcionamiento de establecimientos industriales o comerciales.
Siempre según la empresa, «se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes. Todo ello ocurrió en virtud de actuación coordinada de las autoridades de Atilra antes mencionadas».
Lácteos Vidal y el ida y vuelta judicial
El escenario judicial en Lácteos Vidal es tan profuso como cambiante. Así, y previo a esta nueva decisión, a principios de mes la Justicia impuso a la compañía una pena de $47 millones en concepto de multas.
«Nueve de Julio trabajando para pagar embargos. Parece que la libertad es cara en este país, pero bueno, no tiene precio», declaró, respecto de ese nuevo revés económico y judicial sufrido, Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de la empresa láctea.
«Se amanece con nuevo embargo de 47 millones de pesos. Porque bueno, a pesar de que las empresas tenemos supuestos derechos de despedir y contratar, parece que algunos jueces no se enteraron y entonces ponen multas por no reincorporar gente que no podemos reincorporar porque hacemos alimentos», agregó.
Lo establecido por la Justicia recrudeció el malestar de la compañía con Ignacio Ramonet, el juez a cargo de la causa, quien el mes pasado fue señalado por establecer dictámenes que coinciden con los pedidos que viene realizando ATILRA.
Es a partir de esa presunción que la cúpula de la compañía a través de su apoderado, Eduardo Darriba, presentó en junio una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que «se investigue la misma y se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito«, siempre en alusión a las resoluciones de Ramonet.
De acuerdo a fuentes al tanto de la contienda judicial, en la denuncia se menciona la presión ejercida por el sindicato para lograr la reincorporación de los despedidos, y además se hace hincapié en cómo el juez en entredicho viene haciendo lugar a las presentaciones legales de ATILRA.