La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que este lunes a las 10 se realizará un acampe en Tribunales II de Córdoba y decretó un paro nacional de 24 horas en la jornada del martes con movilización en todo el país para exigir la “inmediata” liberación de Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba.
El titular del gremio en la provincia fue detenido el jueves pasado por la Policía en el marco de la protesta en reclamo de alimentos y ayuda social, pero que terminó con un ataque a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.
La Fiscalía de Distrito 4, a cargo de Ernesto De Aragón, informó que de las 15 personas detenidas por la protesta del jueves pasado quedaron en libertad 14 de ellos en el mismo día de los hechos, luego de la correcta identificación y la verificación de sus antecedentes penales.
El único que sigue detenido es Giuliani, quien está acusado de resistencia a la autoridad, lesiones leves reiteradas (al igual que los otros 14 apresados) y se le suma la imputación por el delito de amenazas en el marco del ataque a la dependencia municipal.
Además, la fiscalía recordó que el referente gremial está imputado por incitación a la violencia colectiva, en virtud de los hechos ocurridos durante el acto presidencial del 25 de mayo de 2024 en la ciudad de Córdoba.
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Acerca del motivo de por qué sigue detenido, la fiscalía señaló que «la medida responde a la necesidad de asegurar el avance de actos urgentes de investigación y recibir su declaración como imputado, fundamentada entre otras circunstancias en los procesos penales previos que el imputado registra abiertos».
En el transcurso de la semana se encuentra previsto receptarle declaración -aunque no se precisó el día- y, una vez recibida la misma y cumplimentadas ciertas diligencias de investigación, “será revisada la medida de privación ordenada”, aportó la fiscalía interviniente.
Reclamo gremial
Tras denunciar la criminalización de la protesta y apuntar duro contra la justicia en la provincia y el Gobierno de Córdoba, la conducción de ATE nacional lanzó una advertencia que encendió las alarmas ante un conflicto que puede escalar.
«En las próximas horas, la paz social en Córdoba y en el país dependen de que sea liberado de manera inmediata y puesto en ejercicio de todos sus derechos y garantías constitucionales», declaró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al expresar su apoyo a Giuliani.
«Lo que está ocurriendo en Córdoba es de una gravedad institucional extrema», afirmó el dirigente nacional del gremio, y demandó que se evalúe «llevar adelante un jury, un juicio político para el fiscal Ernesto de Aragón y todos los funcionarios judiciales que están interviniendo en esta causa armada».
“Tenemos que reaccionar, por eso vamos a un paro general que nos permita enfrentar la represión y la criminalización de la protesta social del Gobierno nacional y del Gobierno de Córdoba”, sostuvo, y cuestionó: “El gobernador Llaryora no se diferencia en nada de Milei”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración será a las 14 frente a la Casa de Córdoba. En tanto, cada provincia definirá las modalidades de protesta. Además, en Córdoba Capital se realizará un acampe este lunes, a partir de las 10, en los Tribunales II.
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Imputaciones y otros delitos
En el marco de la investigación, las personas detenidas resultaron imputadas por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves reiteradas, y, respecto del secretario general de ATE, se sumó la imputación por el delito de amenazas.
A su vez, la fiscalía detalló que se avanza “en el esclarecimiento de otros hechos delictivos vinculados a: daños materiales en las instalaciones y el mobiliario de la oficina municipal, posibles atentados funcionales contra los responsables de la repartición, lesiones a efectivos de la Policía de Córdoba -quienes fueron agredidos con escombros y palos de banderas utilizados a modo de lanzas- y amedrentamiento directo a dos efectivos policiales con amenazas de represalia contra sus vidas durante un intento de disuadir el uso peligroso e ilegal de cubiertas y nafta para encender fuego en la vía pública, así como contener el avance violento hacia los despachos de la Secretaría”.
«En paralelo, también se investiga la afectación a la salud de otras víctimas adicionales, entre ellas un niño con trastorno del espectro autista y una mujer de avanzada edad que se encontraban en el edificio municipal al momento de los hechos y debieron ser asistidos por servicios de emergencia médica tras la irrupción violenta», añadió.
Ante expresiones públicas de Aguiar sobre que «en Córdoba hay un régimen de excepción», la Fiscalía de Distrito 4 expresó que «actúa con total transparencia, objetividad y compromiso con el interés público, principios rectores del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, existiendo pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales de las partes en el marco del proceso».