La ratificación de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema contra Cristina por la causa Vialidad jaquea el millonario patrimonio de la expresidenta
10/06/2025 – 17:12hs
Alguna vez, la dirigente del PRO y ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se disfrazó de pitonisa y sentenció, en 2019, «Cristina Kirchner va a terminar sin un peso«.
Parece una frase increíble para una dirigente política que gobernó durante dos períodos presidenciales y fue vicepresidente y alma mater de otro período que presidió Alberto Fernández. Sueña extraño para una persona que es acusada mediáticamente de «haberse robado un PBI» entero, según se lee en muchas redes sociales.
El patrimonio en blanco de Cristina Kirchner
Lo cierto es que los datos oficiales de sus declaraciones juradas presentadas en el año 2024 indican que Cristina posee un patrimonio importante a juzgar frente a los ingresos de la población del país que presidió en dos oportunidades, pero, lejos está de contabilizar un PBI argentino. En blanco se lee que posee un patrimonio de 249.421.220,32 pesos, marcando un incremento considerable en tan solo cuatro años de vicepresidencia del gobierno del Frente de Todos (2019-2023).
Entre los activos más destacados se encuentran un auto 0 Km, un Corolla Seg Hev 1.8 valuado en 15.333.801,00 pesos, y el usufructo de un departamento en Recoleta y una residencia en El Calafate, valuados en 35.706.295,51 pesos y 24.848.436,00 pesos, respectivamente.
Uno de los aspectos más llamativos de su declaración es la tenencia de acciones en once compañías diferentes, incluyendo a Mercado Libre, con acciones valoradas en 39.771.286,00 pesos, y Apple, con 1983 acciones por un total de 34.660.857,00 pesos. Todas estas acciones fueron adquiridas el 10 de octubre de 2023. Son datos declarados hace meses.
Una foto vieja de sus pertenencias, pero que da una idea del dinero con el que podría llegar a enfrentar una millonaria demanda civil por la causa Vialidad.
Las consecuencias no deseadas del fallo ratificatorio de la Corte Suprema
Lo más probable es que «el blanco no les cierre» como sostenía el recordado periodista Jorge Lanata y, con esa idea en mente, los jueces de la Cámara Federal porteña ordenaron en 2024 reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de la exvicepresidenta, luego de la muerte de Néstor Kirchner, que podría traer más luz a la oscuridad que reinó durante los años en los que el matrimonio dirigía los destinos de la Nación. Además, las querellas que se tramitan en la justicia civil como consecuencia de la administración fraudulenta en la causa Vialidad, son megamillonarias.
Y, en el ámbito judicial, nadie cree que Cristina termine sin un peso y todos recuerdan, como si fuera ayer, el expediente X caratulado: Norberto Oyarbide.
El fallecido juez contaba a comunicadores: «Me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner«. Se ratificó el hecho durante las actuaciones en la causa de los Cuadernos. Como arrepentido, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, terminó por declarar que el ex juez Norberto Oyarbide manipuló el peritaje que le permitió sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner, pese a que registraron un incremento patrimonial de 158 % solo en el año 2008.
Relató cómo el entonces juez le dio instrucciones sobre cómo debía hacer la justificación de la defensa. Esos argumentos fueron usados luego por Oyarbide para firmar la declaración de inocencia de los Kirchner pese a la millonaria fortuna que reportaban.
Estos hechos del pasado son los que persiguen los querellantes de la causa Vialidad hoy.
Javier Milei, el verdugo patrimonial de Cristina Kirchner con la ley de extinción de dominio
El fuero Civil y Comercial tramita una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner y los demás imputados de la causa Vialidad que inició el gobierno de Mauricio Macri con Javier Iguacel a la cabeza. La tesis central del planteo se desprende de la acusación del juicio: el 50% de las obras viales adjudicadas de forma irregular a Lázaro Báez fueron abandonadas con un promedio de avance que va del 16% al 36% aunque el empresario de la construcción cobró la totalidad de esos contratos.
Cuando Laura Alonso afirmaba que Cristina iba a terminar sin un peso, volcaba sus expectativas en una ley de extinción de dominio que en el año 2019 solo se convirtió en un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri.
Y, si bien hace unos pocos días, el kirchnerismo fue noticia porque uno de sus miembros, Luis Lobos, ex intendente de la localidad de Guaymallén, condenado a ocho años de prisión y su lujosa mansión, fruto de la corrupción, fue subastada en 177 millones de pesos, por el gobierno de Mendoza de Alfredo Cornejo, en el caso de Vialidad, el Estado nacional exige que los condenados por la causa respondan con sus respectivos patrimonios para resarcir el daño ocasionado a las arcas públicas.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el expresidente no utilizó la lapicera y estuvo congelada, pero la administración de Javier Milei ordenó que se avance con la acción civil y solicitó que la cifra inicial de 22.300 millones de pesos se actualice en caso de que el fallo sea de cumplimiento efectivo. De esa manera, la cifra deberá recomponerse en función del monto de la maniobra defraudatoria que el TOF 2 fijó en 85.000 millones de pesos.
La condena indica que Cristina tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones
Como si fuera poco, habría que recordar algunos de los párrafos de los jueces de Cámara que condenaron a Cristina Kirchner. Por ejemplo, los del juez Hornos que en su voto explicaba «tras conocerse el resultado del escrutinio de la segunda vuelta electoral del año 2015 y ante la derrota del candidato presidencial del espacio político liderado por la expresidenta, se precipitaron una serie de acontecimientos que constituyeron, en definitiva, el cierre de la operación delictiva iniciada allá por el año 2003″.
Y, concluía, «parte del dinero sustraído regresaba a manos del matrimonio presidencial a través de operaciones vinculadas a la actividad hotelera y el alquiler de propiedades (Dr. Hornos, según su voto)».
Además, aclaraba que «la exportación de la estructura provincial montada con gente de absoluta confianza del matrimonio [de la expresidenta] en lugares y posiciones dirimentes para el diseño, ejecución y sostenimiento en el tiempo de los designios ilícitos del grupo, fue de una importancia capital para que todos los funcionarios que integraron la asociación ilícita, desde su respectivo ámbito, llevaran a cabo aquellos los pasos necesarios e indispensables para ejecutar los fines ilícitos. Fue precisamente en aquellos ámbitos donde se necesitaba de la voluntad criminal y el conocimiento profesional específico para llevarlo adelante».
En ese contexto, la condena confirmada por la Casación, y ratificada por la Corte, indica que Cristina tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron «el incremento de su patrimonio» gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur. O sea, el destino final de ese dinero, era «en parte, las empresas familiares de la expresidenta».
Esas dos causas están en manos del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que ordenó concluir una pericia contable y resta colocar fecha de inicio del juicio. Indudablemente, el link con la causa Vialidad está realizado.
Con su accionar, la Corte Suprema de Justicia no hizo más que derribar la estructura precaria de una torre del Jenga donde una ficha mal colocada o mal extraída termina por hacer colapsar toda la estructura.